Negacionismo judicial de derechos humanos

Como forma macabra de rememorar el genocidio armenio en Turquía cuando se cumple el centenario de su fase más álgida, el pasado 15 de octubre la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado la sentencia de su Sala Segunda que condenó a la Confederación Helvética por reprimir posiciones negacionistas. Ofender la memoria de las víctimas para negar responsabilidades de Estado por atrocidades cometidas contra su propia población es ejercicio del derecho a la libre expresión según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata del mismo tribunal que ha eludido el asunto ante casos de responsabilidades del Estado español por crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista.

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Lucha de historias, Lucha de memorias

Los años transcurridos de este siglo se han caracterizado en España por el esforzado intento de recuperación de una memoria histórica de signo democrático frente a la impunidad del sanguinario golpe de Estado y la no menos criminal dictadura del franquismo, así como frente al empeño de olvido y alarde de injusticia de casi todos los gobiernos, sin acepción de partidos, que se han sucedido en España desde el fenecimiento del régimen no constitucional. Excepción fue el primer gobierno Zapatero, que cedió en todo lo sustancial. Ni asumió la responsabilidad del Estado ni abrió el acceso a la justicia.

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PLEBISCITO MEDIANTE ELECCIONES EN CATALUÑA

Para este inmediato 27 de setiembre están convocadas en Cataluña unas elecciones ordinarias con la particularidad de que concurren con buen pronóstico un par de candidaturas que las pretenden extraordinarias. Las plantean como un plebiscito. Servirían no sólo para la elección de parlamento y gobierno catalanes, sino suplementariamente, sin urna aparte, para el pronunciamiento de la ciudadanía entre dos opciones, la de un Estado independiente con vocación de permanencia en Europa o la de una Comunidad Autónoma en el seno de España bajo una Constitución común.

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LIMPIEZA ÉTNICA EN EL PARAÍSO CARIBEÑO

La República Dominicana, paraíso caribeño según la propaganda turística, está procediendo a una insidiosa depuración racista del censo de la ciudadanía para segregar población afrodescendiente. No escapa del todo a la opinión pública. Hay alertas y noticias. La cuestión es vieja. Surge con la obsesión constituyente dominicana por diferenciarse del Haití negro, su vecino isleño. Lo que ocurre ahora es que el segregacionismo se recrudece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le sale al paso y el Tribunal Constitucional dominicano reacciona avalando el racismo.

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Genocidio armenio, negacionismo turco, prejuicio alemán

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Nota bibliográfica (y prosopográfica): El estado historiográfico de la cuestión viene hoy marcado por la obra de Taner Akçam: A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, New York, Metropolitan, 2006; The Young Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton, Princeton University Press, 2012; junto a Vahakn N. Dadrian (eds.), Judgment at Istanbul: The Armenian Genocide Trials, New York, Berghahn, 2011; junto a Ümit Kurt, The Spirit of the Laws: The Plunder of Wealth in the Armenian Genocide, New York, Berghahn, 2015. De la participación alemana se había ocupado el citado V.N. Dadrian, German Responsibility in the Armenian Genocide: A Review of the Historical Evidence of German Complicity, Cambridge, Blue Crane, 1996. Sobre la ejecución de Talaat Pashá (antes Bey), Eric Bogosian, Operation Nemesis: The Assassination Plot that Avenged the Armenian Genocide, New York, Little, Brown and Co., 2015, caps. 4-8.

Para el conocimiento en Alemania del genocidio armenio y el correspondiente negacionismo desde el momento en el que el mismo se perpetró, Margaret Lavinia Anderson, Who Still Talked About the Extermination of the Armenians? German Talk and German Silences, en Ronald Grigor Suny, Fatma Müge Göçek y Norman M. Naimark (eds.), A Question of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, New York, Oxford University Press, 2011, cap. 9. Sobre la formación de la cultura negacionista en Alemania por impulso y bajo cobertura de derecho colonial, Elisa von Joeden-Forgey, Hidden in Plain Sight: Atrocity Concealment in German Political Culture before the First World War, en Alexander Laban Hinton, Thomas La Pointe y Douglas Irvin-Erickson (eds.), Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory, New Brunswick, Rutgers University Press, 2014, cap. 2; el entero volumen interesa al efecto de que el reconocimiento de unos genocidios invisibilice a otros, como el nazi de judíos a todo el resto, aunque no se contemple el caso de mortandad más elevada, el de la invasión hispana y católica de América (sólo mencionado: p. 13); para el turco, cap. 9, Hannibal Travis, Constructing the “Armenian Genocide”: How Scholars Unremembered the Assyrian and Greek Genocides in the Ottoman Empire. Sobre las políticas genocidas alemanas fuera de Europa antes del nazismo, Isabel V. Hull, Absolute Destruction: Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany, Ithaca, Cornell University Press, 2005. Sobre el concepto de genocidio puedo remitirme a B. Clavero, Genocide or Ethnocide, 1933-2007: How to Make, Unmake, and Remake Law with Words, Milán, Giuffrè, 2008.

Respecto a mi penúltima reflexión, la del éxito de unos genocidios, lo usual es en cambio dar por entendido que fracasaron: Scott Straus, Second-Generation Comparative Research on Genocide, en World Politics, 59-3, 2007, pp. 476-501 (p. 491). En el caso turco, el negacionismo se debe al éxito redondo del genocidio o, mejor dicho, de los genocidios (armenio, greco-otomano, asirio-nestoriano…). Y para mi alusión final a un presumible interés en el respaldo al negacionismo, aparte la aspiración confesa del aludido a participar como jurista en una comisión internacional de la verdad sobre las masacres de armenios, persígase la trayectoria turca de injerencias generosas: Michael Bobelian, Children of Armenia: A Forgotten Genocide and the Century-Long Struggle for Justice, New York, Simon and Schuster, 2009, capítulo sobre “Legislating History” y el epílogo especialmente. En 1985 (New York Times, 19 de mayo), había habido un sonado pronunciamiento de un nutrido  grupo de académicos requiriendo, igual que en el caso alemán aquí comentado, una moratoria de juicio mientras que el asunto no se clarificase , cuyos centros de investigación se descubrió que contaban con fuentes de financiación de procedencia turca o quienes de otra forma habían sido influidos para tomar partido en cuestión ajena a su campo de estudio.

Para comprobarse en fin que la posición expresada por el presidente de Alemania, Joachim Gauck, no es la prácticamente negacionista que le atribuye su comentarista, Kai Ambos, adviértase que la oración presidencial cuenta con traducciones al inglés y al francés, además de al turco y al armenio, en el propio sitio oficial al que remite mi primer enlace. Kai Ambos es catedrático de derecho penal, magistrado, coordinador del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer, partícipe en misiones de la Agencia Alemana de Cooperación para asistencia a Colombia y otros Estados en conflicto armado, postulante a comisiones internacionales de la verdad, también a una colombiana, ofreciendo sus oficios negacionistas bajo retórica de justicia transicional y políticas de reconciliación, además de la indiferencia para con las víctimas…  y del impenitente supremacismo de fondo. Su artículo sobre el “genocidio” armenio, que comienza falseando la posición del presidente alemán, tiene traducción online al inglés y al español (comillas de ambas traducciones vertiendo algo más discretamente el infame interrogante del título original: Völkermord an den Armeniern?).

 

Corrupción y justicia en España

La corrupción en España parece extremadamente difícil de erradicar. No basta la investigación policial y persecución penal caso por caso. Concurriendo agentes políticos de signo diverso, como el popular, el socialista o el nacionalista catalán, los casos no resultan ocasionales ni desconectados, sino replicantes y hasta sistémicos. Hay en el sistema elementos que alimentan la corrupción. Por mucho que se procese y condene a gente corrupta, la justicia resulta inoperante si lo que de verdad se persigue es extirpar la infección. Hace falta la vacuna enérgica de una política comprometida con la rendición íntegra de cuentas. Pero también se necesita otro tipo de justicia.

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¿Debe el rey pedir perdón por Mauthausen?

El pasado 12 de mayo el pleno del Congreso de los Diputados ha debatido una interpelación al gobierno de Esquerra Republicana de Catalunya para que se instase al rey a pedir perdón por “las responsabilidades del Estado español” en relación al internamiento y muerte de republicanos españoles en campos de concentración nazis, principalmente en el austriaco de Mauthausen. Los partidos del turno, el Popular y el Socialista, impidieron su aprobación. El argumento más mendaz lo expresó el portavoz socialista: “la democracia debe hacerse responsable de las deudas de la dictadura, pero no puede hacerse responsable de sus culpas”, lo cual supondría asumir, “aunque sea vicariamente”, “la autoría del crimen”. Cuando ni siquiera se han saldado debidamente las cuentas de la dictadura, ¿cabe eludir así la responsabilidad del Estado? ¿Y así, por ensalmo, se esfuma la culpa?

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Nota bibliográfica: Los comentarios polémicos al artículo me animan a registrar autoridades. Tres son los libros en los que fundamentalmente me baso: la última edición (2015) revisada y ampliada de David W. Pike, “Españoles en el Holocausto. Vida y muerte de los republicanos en Mauthausen”; Tomaz Jardim, “The Mauthausen Trial. American Military Justice in Germany” (2013), y Christopher Browning, “The Origins of the Final Solution. The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939-March 1942” (2004). El último es importante para ubicar el caso español (por ejemplo, cuando entre franquismo y nazismo se decide que el destino de los republicanos españoles sea Mauthausen, éste era el peor campo, pues todavía no se había construido ninguno de exterminio). Respecto al caso de los sefardíes, todavía hace falta una buena investigación específica. Siguen pesando las falsedades contenidas sobre datos amañados en el informe de 1949, “Spain and the Jews”, fraguado por el franquismo tras la derrota del nazismo para congraciarse con los Estados Unidos (paso libre de judíos hacia Lisboa y América, acogida a sefardíes en la frontera, defensa diplomática de los mismos…).

Racismo institucionalizado en Estados Unidos

Últimamente, se han sucedido noticias sobre muertes de jóvenes afroamericanos a manos de la policía en ciudades estadounidenses y sobre la reacción, eventualmente por igual violenta, de quienes entienden que se trata de episodios del racismo todavía rampante por aquellas latitudes. El caso más reciente es el de Freddie Gray, muerto en Baltimore el pasado 19 de abril por el trato sufrido bajo arresto policial. En esta ocasión, contrastando con otras, la fiscalía ha reaccionado con diligencia. Seis agentes han sido acusados de diversos delitos, incluyendo el de asesinato. ¿Asunto en vías de resolución? ¿Basta el juicio, si de verdad progresa, para resolver este tipo de casos? Ello depende de si en Estados Unidos hay o no hay a estas alturas racismo institucionalizado.

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Pueblos indígenas y justicia internacional entre Chile Y Bolivia

Durante esta primera semana de mayo se desarrollan en el Palacio de la Paz de La Haya audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia acerca del contencioso mayor sobre fronteras interestatales hoy enquistado en las Américas, el que enfrenta a Bolivia con Chile por la comunicación al océano Pacífico de la que le privó una agresión militar chilena emprendida en 1879 y consumada en 1883. Se trata todavía de deliberación sobre objeciones preliminares acerca de la admisibilidad de la demanda. Bolivia alega “la obligación de negociar de buena fe” entre ambos Estados para poder recuperar una “salida plenamente soberana” al mar. Chile se atiene a un tratado que en 1904 restableció la paz con Bolivia imponiéndose el hecho consumado, lo que, según el Estatuto de la Corte (art. 38.1.a) en la interpretación chilena, habría de bastar para darse la pretensión boliviana por infundada sin más trámite. Pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse por encima de todo, afirma Chile. El Estado chileno parece olvidar que también tiene tratados con pueblos indígenas.

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