Pueblos indígenas y justicia internacional entre Chile Y Bolivia

Durante esta primera semana de mayo se desarrollan en el Palacio de la Paz de La Haya audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia acerca del contencioso mayor sobre fronteras interestatales hoy enquistado en las Américas, el que enfrenta a Bolivia con Chile por la comunicación al océano Pacífico de la que le privó una agresión militar chilena emprendida en 1879 y consumada en 1883. Se trata todavía de deliberación sobre objeciones preliminares acerca de la admisibilidad de la demanda. Bolivia alega “la obligación de negociar de buena fe” entre ambos Estados para poder recuperar una “salida plenamente soberana” al mar. Chile se atiene a un tratado que en 1904 restableció la paz con Bolivia imponiéndose el hecho consumado, lo que, según el Estatuto de la Corte (art. 38.1.a) en la interpretación chilena, habría de bastar para darse la pretensión boliviana por infundada sin más trámite. Pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse por encima de todo, afirma Chile. El Estado chileno parece olvidar que también tiene tratados con pueblos indígenas.

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El difícil delito de genocidio

A lo largo de la historia de la humanidad lo que hoy llamamos genocidio, el intento de hacer desaparecer enteros grupos humanos, es suceso desgraciadamente habitual. En 1948, las Naciones Unidas se propusieron erradicarlo adoptando la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Ahora, en 2015, la Corte Internacional de Justicia viene a confirmar la tendencia perceptible desde temprano de convertir dicho tratado multilateral entre Estados en poco menos que papel mojado.

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La segunda muerte de la Segunda República

La historia que ordinariamente corre sobre la transición española se ha fraguado desde la perspectiva del par de generaciones que la protagonizaron, las de quienes nacimos entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Resulta una historia autocomplaciente y autojustificativa, más proclive a legitimar lo dado que a averiguar lo ocurrido. Se entiende a sí misma al servicio de la convivencia cuando sirve al fraude y a la impunidad. Veamos las implicaciones de un acontecimiento que ni siquiera suele entrar en su campo de visión, el de la disolución de la República en plena transición.

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¿Comisión de la Verdad en Colombia?

En La Habana, sede de las negociaciones de paz entre gobierno y guerrilla colombianos, el martes 10 de febrero se presentaron los trabajos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, una comisión formada por doce expertos y dos relatores, trece hombres y una mujer, todos ellos académicos y todos ellos nombrados por las partes negociadoras. Colombia es especialista, desde mediados del siglo pasado, en comisiones de investigación sobre acontecimientos cruentos que no sirven ni para esclarecer hechos ni para determinar responsabilidades. Esta última no es excepción.

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Ley de tratados y derechos humanos

En el mes de diciembre del año pasado, 2014, entró en vigor la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, una norma que habría de establecer criterios para articular derecho español y derecho internacional vinculante para España ateniéndose no sólo a la Constitución, que se postula suprema, sino también a las reglas internacionales, que relativizan tal supremacía. Una parte creciente del ordenamiento internacional está hoy formada, a partir de tratados y otros acuerdos, por el derecho de derechos humanos. Lo que choca ya de entrada es que esta ley no les preste atención. Ni siquiera los menciona. Se plantea como si no hubiera instrumentos internacionales que interesan directamente al derecho de gentes de a pie.

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Ajusticiamientos constitucionales

Una modalidad de ejecución extrajudicial es la arbitraria, parajudicial o aparentemente legal. La mañana del 2 de marzo de 1974 Salvador Puig Antich, militante anarquista, fue ejecutado conforme, en apariencia, a la legalidad militar del franquismo, pero ni siquiera tal ordenamiento se respetó. El proceso no se atuvo a derecho alguno. Ahora llega el libro que lo comprueba plenamente. Muestra también que el tiempo constitucional ha sido incapaz de remedio ni reparación, hasta tal punto no se ha habilitado hasta hoy justicia para las iniquidades del franquismo.

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Responsabilidad española en el genocidio nazi

Durante el último mes del pasado año, 2014, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación celebró una exposición sobre salvación de vidas judías del genocidio nazi por la diplomacia española: Más Allá del Deber. La Respuesta Humanitaria del Servicio Exterior frente al Holocausto. Ha sido sin embargo el último episodio de una política iniciada a mediados de los años cuarenta del siglo pasado, tras la derrota del nazismo, tendente a encubrir la responsabilidad del franquismo y, por tanto, del Estado español en aquel monstruoso genocidio.

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Memoria posfranquista: impostores y farsantes

La historia posfranquista es una historia de imposturas, comenzando por la de franquistas que se metamorfosearon en demócratas. Este travestismo ofrece un buen material tanto para la historiografía como para la ficción. Mas la obra que ahora aborda la impostura posfranquista no trata de tal metamorfosis, sino de otra de punto de partida inverso, la de una víctima común del franquismo que se transmuta en resistente excepcional al nazismo.

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