Durante esta primera semana de mayo se desarrollan en el Palacio de la Paz de La Haya audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia acerca del contencioso mayor sobre fronteras interestatales hoy enquistado en las Américas, el que enfrenta a Bolivia con Chile por la comunicación al océano Pacífico de la que le privó una agresión militar chilena emprendida en 1879 y consumada en 1883. Se trata todavía de deliberación sobre objeciones preliminares acerca de la admisibilidad de la demanda. Bolivia alega “la obligación de negociar de buena fe” entre ambos Estados para poder recuperar una “salida plenamente soberana” al mar. Chile se atiene a un tratado que en 1904 restableció la paz con Bolivia imponiéndose el hecho consumado, lo que, según el Estatuto de la Corte (art. 38.1.a) en la interpretación chilena, habría de bastar para darse la pretensión boliviana por infundada sin más trámite. Pacta sunt servanda, los tratados deben cumplirse por encima de todo, afirma Chile. El Estado chileno parece olvidar que también tiene tratados con pueblos indígenas.
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